Desde el inicio de sus operaciones, la gestión de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha sido un factor de equilibrio en las relaciones autoridad-contribuyente, tanto para las grandes empresas que buscan el cierre de un proceso de auditoría (vía acuerdo conclusivo), como para los contribuyentes personas físicas que buscan asesoría o la mediación ante algún actuar arbitrario de la autoridad fiscal. Pese a lo anterior, a partir de julio del presente año, la PRODECON contará tan solo con el 25% del presupuesto programado para el segundo semestre, restringiendo las actividades de 16 delegaciones con que cuenta el organismo. Paradójicamente, tal medida de austeridad o de represión, cuál sea la verdadera intención, pasa por alto que a través de la celebración de acuerdos conclusivos la dependencia coadyuva en la recaudación (solo en lo que va del año por: $4’501,064,682.86 pesos), obviándole procesos litigiosos que pudieran postergar y sin garantías de éxito la recaudación hasta por 3 años más. Dado que las decisiones del ejecutivo federal no se distinguen por admitir razones, habrá que apoyar las acciones legales que haya de tomar el nuevo ombudsman en su esperada muestra de autonomía. Sobre todo, por los enormes zapatos que dejaron sus antecesores.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO