¿POSIBLE REDUCCION DE LA TASA DEL IVA POR COVID-19?

Circula por ahí una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de supuesta autoría de senador “Eduardo Ramírez” del partido “MORENA”, en la que aparentemente al 10 de junio de 2020[1], propone la reducción de la tasa general del Impuesto al Valor Agregado del 16% al 10% (desde la publicación de la reforma respectiva hasta el 31 de diciembre de 2020), así como la “inclusión en ley de la tasa del 8% en zonas fronterizas”. Los motivos medularmente razonados para justificar la iniciativa, no son apoyar a la población, sino es evitar la caída recaudatoria por la disminución del consumo como efecto de la pandemia, por lo que propone incentivar el consumo como medida para reactivar la economía y continuar con la recaudación, con el consecuente efecto de que gasten más los que más tienen promoviendo un “…desarrollo más incluyente.” En ese tenor, lo mejor que podríamos ver, sería que de septiembre a diciembre de 2020 gozáramos de una tasa de impuesto al valor agregado del 10% en lugar de la del 16%, lo cual supondría un pequeño alivio para todos, porque por lo menos en teoría (considerando este solo elemento tributario), los precios en la economía normal deberían bajar por la tasa menor de impuesto trasladado. En mi opinión, es muy alentador ver a quienes proponen “soluciones” ante tan terrible situación generada por el COVID, sin embargo, pensando en temporalidad, sería mucho más efectivo pensar en propuestas que tengan mayores alcances y soluciones, es decir, de problemáticas incluso anteriores y aprovechar esta coyuntura para resolver todo de tajo. El tema de la tasa menor y generalizada para todo los actos gravados de impuesto al valor agregado, ha sido una propuesta reiterada por diversos estudiosos del derecho con antelación, a fin de que generar una mayor recaudación y más sencilla en todos los aspectos. Así pues, el presente, es una oportunidad para los legisladores de retomar dicho tema y resolver un poco la carga del gasto de la población, así como diversas problemáticas de inequidad, recaudación y fiscalización que a la fecha presenta la aplicación de tasas diversas en atención al acto o la región, en un acto legislativo que trascienda más allá de tres meses.